El término pobreza energética ha llegado a todos los rincones de españa al conocerse la noticia de la muerte de Rosa, una anciana de Reus que tenía 81 años cuando la misma vela que alumbraba su hogar, causó el incendio que acabó con su vida. Esta señora tenía el suministro eléctrico cortado por falta de pago. Ahora todos nos echamos las manos a la cabeza y nos acordamos del gobierno, de la oposición y de las grandes compañías eléctricas que no perdonan una.
Pero el problema que ha terminado llevándose la muerte da esta mujer es desgraciadamente una realidad en este país supuestamente desarrollado que se llama España. Según el último estudio de ACA (Asociación de Ciencias Ambientales), son ya cinco millones de españoles los que padecen esta lacra y 7000 las muertes que lleva consigo cada año.
Llama la atención que estamos hablando de suministros tan básicos como son la luz, el agua o el gas. Existen unos datos demoledores que reflejan una situacíon inédita en España hasta hace pocos años y crece cada día más. Desde el inicio de la crisis en 2008, la factura de la luz ha subido un 73% y la del gas un 67%. El pago de estas facturas mensuales es un momento temido por todas estas familias, que ven en muchos casos como buena parte de sus ingresos se evaporan al hacer frente a los suministros básicos cuando no se encuentran con la imposibilidad de hacer frente a ellas.
España es actualmente (noviembre de 2016) el país de la Unión Europea con la tasa de desempleo más elevada, esto es algo que influye directamente en el índice de pobreza energética puesto que uno de los colectivos más vulnerable es el de las familias con todos sus miembros en situación de desempleo además de personas mayores a las que sus pensiones de viudedad o jubilación no les da para hacer frente a estos pagos que van creciendo a medida que los salarios bajan.
Desde 2009 es posible acogerse al denominado bono social, un mecanismo regulado por el Gobierno con el que se pretende proteger a los consumidores más vulnerables desde el punto de vista económico. Consiste en aplicar un 25% de descuento sobre el total de la factura de los clientes acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y del que pueden beneficiarse las familias con todos sus miembros en paro y pensionistas que reciban la prestación mínima.
Otra conclusión a la que ha llegado este estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales dice que el 3% de los hogares destina más del 20% de sus ingresos al pago de las facturas de energía. Según la ACA, lo aceptable sería que este gasto nunca superase el 5% del presupuesto mensual de la vivienda.
