Mucha gente en España está a la espera de la regulación por parte del gobierno de las normas que deben regular el autoconsumo energético. Mientras esto llega (o no), nuestro vecino Portugal ya lo tiene en vigor. Si bien fue el pasado mes de septiembre cuando se aprobó el decreto, ha sido ahora cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Energio del país vecino ha publicado la orden ministerial que lo regula.
La orden en cuestión además de las instalaciones de autoconsumo (a las que permitirá vender el excedente de electricidad), incorpora la figura de la ‘Unidad de Pequeño productor’, que trata de incentivar las modestas instalaciones de energías renovables estableciendo para ellas un cupo anual de 250 kilovatios de potencia.
El decreto no establece una potencia máxima concreta de las instalaciones de autoconsumo aunque ésta dependerá de la potencia contratada por el consumidor. Se permite la venta del excedente de electricidad bajo distintas modalidades. La regulación contempla que se puedan cerrar contratos con el comercializador de último recurso pero también se permiten otras modalidades como los contratos bilaterales.
Ahora, con la publicación de la orden que desarrolla el decreto de autoconsumo, se simplifican sustancialmente los procedimientos que se introducen para la instalación de plantas de producción. En el caso de una potencia inferior a los 200 W no hace falta ningún tipo de notificación. En las instalaciones de hasta 1,5 kW (cerca de seis paneles fotovoltaicos) basta simplemente con una comunicación, y sólo a partir de una potencia superior a 1 MW, que es aproximadamente más de 4.000 paneles, se necesita una licencia de producción específica.
Con esta nueva normativa los portugueses podrán producir electricidad no para inyectar a la red, sino para su propio consumo, poniéndose el énfasis en el autoconsumo y no en la inyección de la electricidad sobrante a la red, que se convierte en una opción adicional, pero en ningún caso obligatoria. De hecho la electricidad sobrante que se inyecte a la red eléctrica portuguesa se venderá a un precio un 10% menor que el valor de mercado, lo que se traducirá en un mayor esfuerzo para adaptar el tamaño de los paneles fotovoltaicos a las necesidades reales de consumo y no para su inyección en la red, lo que supondría una sobrecarga en los costes del resto de los consumidores. De esta manera, el nuevo marco legislativo supone un incentivo claro para la eficiencia energética.
(Fuente: El periódico de la energía)
